América Latina se encuentra ante una oportunidad histórica para encabezar la transición energética mundial desde el sector marítimo. Entre el 7 y 11 de abril de este año, los países miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) votarán en Londres medidas orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes del transporte marítimo, incluyendo la implementación de un impuesto global al carbono.
Este tributo, aun en etapa de definición, podría recaudar hasta 60 mil millones de dólares al año. Según expertos y entidades internacionales, estos ingresos permitirían financiar proyectos de energías renovables en países en desarrollo y modernizar la infraestructura portuaria con tecnologías sostenibles. En este escenario, América Latina emerge como un posible centro neurálgico para la producción y distribución de energías limpias, como el hidrógeno verde.
La OMI, organismo especializado de las Naciones Unidas, lidera las conversaciones técnicas y políticas para fijar un marco normativo global que garantice la seguridad y el comportamiento ambiental adecuado en el transporte marítimo internacional. Desde 2023, sus países miembros acordaron avanzar hacia una industria carbono neutral para el año 2050. La sesión 83 de su Comité de Protección del Medio Marino, programada para abril, será determinante para definir cómo se ejecutará este compromiso.
El respaldo al impuesto al carbono ha ido en aumento. En la última ronda de negociaciones de febrero, 61 países —incluyendo varias naciones latinoamericanas— manifestaron su apoyo. México y Dominica se sumaron por primera vez a una coalición ya integrada por Panamá, Jamaica, Bahamas y Belice. La región, que ya viene avanzando en políticas de energía verde, se perfila como actor clave para transformar el sector marítimo en una industria más sostenible.
Países como Chile, Colombia y Perú han iniciado proyectos para la generación de hidrógeno verde, un vector energético limpio con gran potencial para alimentar las futuras flotas marítimas. Con el financiamiento que permitiría este impuesto, estos programas podrían escalar y consolidarse, promoviendo también nuevos empleos en sectores tecnológicos y energéticos.
De acuerdo con estimaciones internacionales, la transición del transporte marítimo hacia energías limpias podría generar hasta 4 millones de puestos de trabajo en el Sur Global de aquí al 2050. Esto incluiría oportunidades en el desarrollo de tecnologías, mantenimiento de infraestructuras y cadena logística de abastecimiento energético.
“Los países latinoamericanos tienen ahora la oportunidad de diseñar esta política de forma que beneficie directamente a sus comunidades e industrias”, señaló Tania Miranda, directora del Programa de Medio Ambiente y Cambio Climático del Instituto de las Américas. Según Miranda, este impuesto no solo permitiría reducir emisiones, sino que también fortalecería la resiliencia climática de los puertos y cadenas de suministro.
A medida que los ciberataques y las crisis climáticas ponen en jaque a industrias estratégicas, la integración de soluciones sostenibles, tecnológicas y resilientes se convierte en una prioridad regional. Por ello, la regulación que se discute en el marco de la OMI no solo atañe al sector marítimo, sino que abre la puerta a nuevas dinámicas económicas y sociales.
Las sesiones previas a la votación continuarán del 31 de marzo al 4 de abril, y marcarán el pulso final antes de que los países definan el precio, alcance y destino de los ingresos recaudados. América Latina, con su potencial energético y su necesidad de transformación infraestructural, está bien posicionada para liderar esta conversación.
La región no solo debe mirar el mar como ruta comercial, sino también como el canal para acceder a una economía más limpia, resiliente y sostenible.
