El Congreso de la República aprobó, el pasado 12 de diciembre, una nueva ley que busca transformar el sector eléctrico peruano, promoviendo la competencia mediante la entrada de nuevos actores y tecnologías renovables en el mercado de generación eléctrica. Sin embargo, su implementación está a la espera de la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, quien impulsó esta iniciativa legislativa.

Según Brendan Oviedo, presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables, el Ejecutivo tiene interés en garantizar la pronta aplicación de esta ley, ya que podría beneficiar a millones de usuarios mediante la reducción de tarifas eléctricas. Actualmente, el costo de generación representa el 50% del precio final de la electricidad, y con el ingreso de nuevos competidores y tecnologías más eficientes, se espera un impacto positivo en las próximas licitaciones de largo plazo para la compra de energía eléctrica.

El Perú cuenta con recursos solares y eólicos de clase mundial, lo que lo posiciona como un líder potencial en la generación renovable. En la actualidad, la mayor parte de la energía eléctrica se genera en el centro del país mediante gas natural, un recurso fósil agotable. Con la implementación de esta ley, se espera diversificar la matriz energética hacia fuentes más sostenibles y no contaminantes.

Además, los cambios legislativos abren la puerta al desarrollo de proyectos en diversas regiones del país, descentralizando la producción y contribuyendo al desarrollo económico de las comunidades locales. Este enfoque no solo reduce la dependencia de recursos fósiles, sino que también contribuye a los esfuerzos globales para combatir el cambio climático.

En las últimas licitaciones, los costos de generación rondaron los 80 dólares por MWh. Con la apertura del mercado y la inclusión de tecnologías renovables, se prevé que estos precios disminuyan significativamente, beneficiando tanto a los hogares como a las empresas que dependen del suministro eléctrico.

El futuro del sector eléctrico peruano se perfila como más competitivo, sostenible y enfocado en las necesidades de los usuarios. Este cambio legislativo marca un paso importante hacia la modernización de la infraestructura energética del país, alineando sus objetivos con las tendencias globales de sostenibilidad e innovación tecnológica.